La Ley N° 21.368, que controla la regulación de plásticos de un solo uso (PUSU), entró en vigencia en febrero de este año para complementar las exigencias impuestas en la Ley REP, con un reglamento que controla y reduce su uso.  La normativa busca disminuir la cantidad de residuos generados, a través de plásticos compostables o de fácil reciclabilidad.

Cuando hablamos de plásticos de un solo uso, nos referimos a bombillas, cubiertos, revolvedores y palillos plásticos, así como envases o vasos de plumavit (poliestireno expandido). La Ley PUSU espera eliminar de manera definitiva estos elementos porque son usados en promedio menos de cinco minutos para luego ser desechados, permaneciendo años en vertederos, rellenos sanitarios o lugares no autorizados afectando el medio ambiente.

La normativa se enfoca en tres pilares clave: la certificación de productos de plástico de un solo uso compostables, botellas plásticas desechables con un porcentaje de plástico recolectado y reciclado en el país, y el porcentaje de botellas retornables en vitrinas de supermercados. En el caso de las botellas plásticas, la ley exige que contengan al menos un 15% de plástico reciclado en el país.

“Este escenario abre oportunidades concretas para la innovación, tanto en la formulación de nuevos compuestos como en el diseño de productos reutilizables y en la mejora de los sistemas de trazabilidad”, comenta Jesús Serrano Zarza, Ingeniero de Desarrollo y coordinador de planta piloto en Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP).

Además, la ley promueve el uso de envases retornables de manera que al menos el 30% de las bebidas disponibles en vitrinas de supermercados se ofrezcan en este formato.  Adicionalmente, incorpora nuevas exigencias de trazabilidad, certificación y rotulación o identificación, con las que se busca mejorar el control técnico y tener mayor transparencia sobre la composición y la disposición de los plásticos.

“A nivel técnico y ambiental, esta regulación representa un avance relevante y muy coherente con tendencias internacionales. Entre sus principales efectos, observamos y esperamos un impulso importante en ecodiseño, un aumento en la demanda de resinas recicladas (en especial PET, PE y PP), el fortalecimiento de la infraestructura de reciclaje y el desarrollo de materiales compostables certificados”, menciona Serrano.

La Ley PUSU también plantea desafíos técnicos y operacionales importantes. Entre ellos destacan el aumento de los costos de producción (especialmente para las PYMEs), la disponibilidad limitada de materiales reciclados o compostables certificados con calidad consistente, y el riesgo de sustituciones que no necesariamente reducen el impacto ambiental si no se considera un enfoque de ciclo de vida completo.

El principal desafío de la ley 21.368 no es la prohibición de plásticos de un solo uso, sino garantizar las actividades de evaluación y certificación ambiental realizadas por entidades técnicas de certificación ambiental (ETCA), para dar cumplimiento a la ley. Es necesario poder demostrar técnicamente y documentar el cumplimiento normativo, pasando a un modelo verificable lo que genera un nuevo estándar a nivel técnico exigido a fabricantes, importadores, distribuidores y establecimientos de expendio de alimentos.

Ximena Bustos Palacios, Ingeniera de Desarrollo y asesora comercial técnica en Gestión Tecnológica y Asistencia Técnica en Polímeros (GT-ATP), indica: “El rol de la validación técnica toma un alto relevancia e impacto. Desde la experiencia en evaluación de materiales, caracterización y diagnóstico industrial desde GT-ATP, se observa que el cumplimiento efectivo requiere integrar tres dimensiones relevantes como la comprensión normativa, la evaluación material-científica e implementación operacional viable. La articulación de estos tres niveles permite transformar la regulación en una oportunidad de mejora competitiva reduciendo riesgos y fortaleciendo la reputación corporativa”.